Destruir o Construir ¿Cuál es la tarea del siglo XXI?

ABC de la política

Destruir o Construir ¿Cuál es la tarea del siglo XXI?

Por Carlota Salazar Calderón

      La humanidad evoluciona con los cambios sociales, que se logran en forma progresiva exigiendo, reclamando, proponiendo… Cada cambio entraña una acción revolucionaria que reivindica a los excluidos por razones de sexo, raza, edad, clase social, preferencia sexual… abriéndose paso entre quienes se resisten. En ese caldo de cultivo germinan las revoluciones, unas terminan logrando los objetivos propuestos y otras defraudando a propios y extraños, en una actitud gatopardiana, de cambiar para no cambiar nada.

Los cambios sociales han producido nuevas instituciones y reconocimiento de derechos, por justicia social. Así la Revolución Inglesa cambió el poder absoluto que tenían los monarcas, considerados enviados de Dios en la tierra; la Americana impuso los ideales democráticos de una nación; la Francesa marcó el fin del absolutismo e  ideales de igualdad, libertad y fraternidad; la Suramericana creó naciones libres y soberanas; la Primera Revolución industrial organizó la clase obrera en sindicatos; la  Segunda Guerra Mundial creó un nuevo orden internacional en torno la  democracia liberal representativa como el régimen político que reúne el mayor cúmulo de virtudes para la convivencia.

Sin embargo, la democracia liberal representativa ha quedado congelada en las elites políticas, sociales y económicas, sin que se traduzca en reivindicaciones sociales para las grandes mayorías, que no tienen mecanismos para canalizar sus demandas, lo cual ha generado la necesidad de cambio en el sistema político, por eso ganan elecciones las propuestas antisistema, caso EEUU, ahora en México, por ejemplo.

En Venezuela esa democracia representativa liberal cambió en el modelo constitucional a participativa y protagónica, pero el sistema político no permea, ni hace efectivo ese cambio, tan importante para todos. En efecto, el gobierno se ha dedicado, sin prisa pero sin pausa, a destruir. ¡Destruir todo lo que existía antes! la institucionalidad, la oposición, los servicios públicos, los valores, la forma de relacionarse… para controlar e inmovilizar a la gente a través del miedo, hambre y necesidad.

En una lucha interminable de buenos y malos en la destrucción y el exterminio, mientras que la sociedad padece calamidades. Allí están las imágenes del Joven Diputado Juan Requesens acusado de un atentado, pero que además de estar preso y sometido a juicio es expuesto al escarnio público mediante videos, i que se filtran, en la intención de desmoralizar a sus seguidores. El espíritu de siglo XXI está en la amplitud, de la libertad de conciencia, pluralidad, respeto a los valores, ecología, reconocimiento, inclusión…todos en el logro de objetivos comunes. Con el pensamiento puesto en el ser humano en sus carencias y necesidades de progreso, de ascender social, económica y profesionalmente.

Para cumplir con esta tarea debemos cambiar la forma de hace política, la forma de relacionarnos, con lo público participando, exigiendo obras, servicios públicos, proponiendo soluciones comunes que redunden en beneficio todos, bien común que llaman y que poco utilizamos, y en lo privado atendiendo a las necesidades del colectivo, recuperando la confianza interpersonal, respeto en la búsqueda de la convivencia. Entonces es necesario CONSTRUIR y no DESTRUIR.

Carlotasc@gmail.com / @carlotasalazar

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Alto a la violencia de todo pelaje

—–PuñoyLetra—– (Semanario Quinto Día – 10 al 16 de agosto de 2018)

Alto a la violencia de todo pelaje

Por Mario Villegas

Estamos metidos en un círculo de violencia del cual debemos salir cuanto antes si no queremos verlo escalar nuevamente, incluso hasta dimensiones catastróficas e irreversibles para toda la sociedad.

El caso de los drones, cualquiera sea su grado de veracidad, es un capítulo más. Una consecuencia de la violencia acumulada y, a la vez, una causa de más violencia y represión.

Con una guerra interna todos los venezolanos perdemos. Sin embargo, el peligro de una escalada de violencia política entre compatriotas es real y puede llevarnos a décadas de muerte, dolor y destrucción con regueros de sangre en cada centímetro del suelo patrio.

Las soluciones violentas no son tales soluciones, pues dejan abiertas dolorosas heridas y una inevitable sed de venganza que en algún momento aflora para cobrar con creces las facturas pendientes.

La inmensa mayoría del pueblo venezolano está harta de la violencia hamponil, esa que a cada instante arrebata una vida, alguna pertenencia o cuando menos la tranquilidad a alguna familia. Está harta de la violencia de quienes, en vez de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, atropellan en las barriadas a jóvenes y adultos, reprimen el ejercicio de las libertades individuales y colectivas, con doloroso y sangriento saldo de graves violaciones a los derechos humanos, incluido el derecho a la vida. Está hastiada de la violencia que de cuando en cuando desatan e imponen a las comunidades los colectivos armados u otros grupos extremistas de diverso signo político. Está hastiada de la violencia institucional, de la violencia callejera, de la violencia mediática, de la violencia digital y de la violencia verbal, esta última capaz hasta de hacer más daño que una bala o un misil.

La gran mayoría de los venezolanos, tal vez en proporción de 80 a 20, desea un cambio de gobierno o, cuando menos, un cambio sustantivo en las políticas públicas que mantienen al grueso de la sociedad en condición de pobreza y en camino a la pobreza extrema.

Hasta ahora, la promoción de la abstención, de soluciones mágicas o de acciones de fuerza para producir un cambio político en el país, lo que  ha redundado es en una mayor cohesión y fortalecimiento del régimen y en nuevas y mayores frustraciones para un pueblo ávido de cambios, pero a la vez ávido de paz y de sosiego.

El real o presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro el sábado 4 de agosto nos convoca a tratar de impedir por todos los medios que la espiral de violencia en la que nos encontramos se eleve a estadios superiores y termine por arrasar lo muy escaso que nos queda de paz.

Pero es menester tomar conciencia de que la crisis humanitaria por la que atraviesa la ciudadanía no ha de mejorar si, encima, le añadimos un agravamiento de la violencia política y social. Lejos de acercarnos a un mejoramiento de las precarias condiciones en que vive la mayoría de las familias, habremos más bien contribuido a profundizarlas. Habrá todavía más recursos para la guerra y la represión, para el aniquilamiento y la destrucción, y cada vez menos producción, menos alimentos y medicinas, menos servicios públicos, menos empleo, menos centros de estudio, menos libertades y menos esperanzas de superación, de progreso y de bienestar.

Estamos a tiempo de frenar a quienes, desde el gobierno y desde grupos extremistas de oposición, quieren conducirnos a ese barranco. Los violentos de ambos pelajes se dan la mano en el despropósito de empujarnos al precipicio.

El gobierno tiene la primerísima responsabilidad de abrir cauce a soluciones urgentes a la calamitosa crisis que en todos los órdenes padece la sociedad venezolana y que es un perfecto caldo de cultivo para los guerreristas.

Maduro tiene que avenirse a una seria negociación política que abra paso a una salida pacífica, democrática, constitucional y electoral. Un entendimiento que restablezca la institucionalidad plasmada en la Constitución, que facilite acciones urgentes para atender la crisis alimentaria y de salud, que garantice condiciones favorables a la recuperación y expansión del aparato productivo nacional y a la vez asegure la convivencia pacífica entre los venezolanos.

Mientras eso no ocurra, seguirán agravándose las condiciones de vida y de trabajo de los venezolanos, se multiplicarán las totalmente justificadas protestas pacíficas y demandas de reivindicación social, a la vez que se acrecentará el número de compatriotas que caminan en masa hacia otros países.

Defender la paz y la convivencia entre los venezolanos puede parecerle cursi o comeflor a quienes probablemente están a salvo de la violencia, bien porque estén fuera del país o porque jamás expondrían su propio pellejo o el de sus hijos en una guerra a la que convocan irresponsablemente a los demás.

¡Ya basta! ¡No más violencia!

@mario_villegas

 mariovillegas100@gmail.com

Una mirada al Acuerdo de la AN sobre el caso Requesens y Borges

presosUna mirada al Acuerdo de la AN sobre el caso Requesens y Borges.

Por Carlos Romero Mendoza

La Asamblea Nacional el 9 de agosto de 2018, ha sido categórica al aprobar el Acuerdo en rechazo de las arbitrarias actuaciones ordenadas por Nicolás Maduro Moros en contra de los diputados Juan Requesens y Julio Borges y en contra de la Institucionalidad de la Asamblea Nacional[1]al advertir y concluir:

-Que la detención ordenada del diputado Julio Borges es una acción de naturaleza estrictamente política.

-Que la desaparición forzada del diputado Juan Resquesens, es responsabilidad personal de todos los funcionarios que participaron en esa detención, pero en particular del ciudadano Nicolás Maduro, según lo establecido en el artículo 29 de la Constitución.

-Que es inexistente la decisión de la ilegítima asamblea nacional constituyente de allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados Requesens y Borges según los artículos 138 de la Constitución. Reiterando nuevamente que el ciudadano Nicolás Maduro y los magistrados del Tribunal Suupremo de Justicia implicados, así como los miembros de la ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente incurren en responsabilidad penal por esa decisión de conformidad con el artículo 200 de la Constitución.

El Acuerdo además reitera que el régimen de Nicolás Maduro, a través de vías de hecho amparadas por la ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente, ejecuta políticas de violación sistemática de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

El Acuerdo hace una relación de los hechos que permiten argumentar con gran coherencia que se trata de un nuevo caso de abuso y violación de los derechos humanos por parte del régimen. Además, reitera el irrespeto a la figura de la inmunidad parlamentaria y a la competencia que la Constitución le reconoce a la Asamblea Nacional para allanar esa inmunidad.

También el acuerdo denuncia que el régimen intenta “disimular” la evidente inconstitucionalidad de todas esas actuaciones, argumentando que la detención del diputado Requesens fue realizada en flagrancia, lo cual, afirma la Asamblea Nacional, es imposible, pues esa detención fue ordenada días después de los supuestos delitos penales por los cuales se intenta enjuiciar al diputado Requesens

El principal Acuerdo es la solicitud de liberación inmediata del diputado Juan Requesens y declarar inaplicable la extradición que se solicitó, por no existir ningún allanamiento de inmunidad, pues no lo ha acordado la Asamblea Nacional vigente y legítima.

En esa discusión fue significativa la presencia de una representación importante del cuerpo diplomático acreditado en Caracas.  ¿Los ciudadanos, los electores de Borges y de Requesens, y todos los electores en general, tendrán algo que decir?   La premisa es muy clara, el 333 y 350 se unen para reclamar la inexistencia de una asamblea nacional constituyente y en consecuencia, todas esas decisiones que han asumido como válidas, son simplemente inexistentes.

A un año de esa constituyente, no ha logrado ser reconocida puertas adentro y puertas afuera de nuestros límites territoriales.

Nuevamente la  Asamblea Nacional se ve amenazada, amedrentada y violentada como la expresión legítima del pueblo democrático.

Cada ciudadano puede tener su apreciación personal sobre la labor de la Asamblea Nacional, pero cada Acuerdo que ha sido aprobado desde el año 2016, registra con mucha claridad la voz del reclamo y la ruta del abuso más grotesco del orden democrático y constitucional de quienes han pretendido imponer el Socialismo del Siglo XXI, que a todas luces evidencia su fracaso.  No podía ser de otra forma, porque no responde a la voluntad popular amplia, plural y mayoritaria.

Requesens, Borges y cada uno de los diputados que se han visto obligados a exiliarse, a dejar su espacio de lucha en la Asamblea Nacional; y aquellos diputados, quienes dando la batalla en la Asamblea Nacional, han recibido ofensas, golpes y arriesgan su libertad e incluso hasta su vida, han demostrado con su conducta, que están  comprometidos con ese voto popular que les da legitimidad y les otorga un mandato popular.

Ese ejemplo nos lleva a preguntarnos como electores, ¿cuál es en estos momentos nuestra responsabilidad? En tal sentido, creo que corresponde como electores, respaldar ese mandato, restaurar con el 333 y 350 la institucionalidad de la Asamblea Nacional y no vacilar en alzar la voz. Es necesario dejar de lado las diferencias existentes sobre lo que ha debido o no ha debido hacer la Asamblea Nacional en el pasado reciente, pues ello nos puede distraer de la enorme responsabilidad de no permitir que nos confisquen a una Asamblea Nacional que intentan debilitar cada vez más desde el gobierno central.

Cada vez que se nos pretenda reducir los espacios de libertad y convivencia democrática, la voz de quienes se niegan a perder su condición de ciudadano debe hacerse sentir y expresar. Para ello las asambleas de ciudadanos, sistemáticas y estratégicamente organizadas, son espacios idóneos y concretos.   No abandonemos a quienes le delegamos el mandato de legislar y debatir los temas nacionales.

Carlos Romero Mendoza.

10 de agosto 2018.