DEFENDAMOS LA AUTONOMIA MUNICIPAL


Secuestro-1

José G. Delgado H.

Después de cuatro meses de protestas la insaciable injusticia se impone para criminalizar la manifestación del descontento social, una vía concreta ha sido el mal uso del recurso del amparo constitucional para lograr la sanción a los alcaldes electos, con énfasis en los municipios opositores, aunque las protestas se han evidenciado por diferentes causas en el ámbito local de la gran mayoría del país. Imponer a los alcaldes pena de presidio con la medida de inhabilitación accesoria es una práctica que se ha generalizado a partir de las decisiones de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, aunque la competencia de orden público y de policía se ha centralizado en el gobierno nacional, y en consecuencia los municipios tienen poco que hacer en esta materia, salvo sus aportes para el diálogo entre los vecinos.

En medio de la crisis generalizada en el país, transformada en un caos existencial para la población, una marcada ingobernabilidad y una falta de respuesta gubernamental ante las demandas ciudadanas a favor de los cambios y una recuperación de la institucionalidad Constitucional. Se plantea la defensa de la AN, se le coarta la entrada a los diputados al Parlamento y la fraudulenta ANC ocupa sus espacios naturales.

Precisamente la Carta Magna consagra el principio de la autonomía municipal y una de sus manifestaciones es la libertad de elegir a las autoridades del Municipio, como una expresión de la participación política de los vecinos – ciudadanos, de allí la importancia de emprender la defensa activa de los alcaldes elegidos, dado que, defender a nuestros alcaldes es asumir la defensa de la autonomía municipal. El capítulo más reciente de esta seguidilla de decisiones judiciales, que desconocen el legítimo derecho de la ciudadanía a las manifestaciones públicas, se refiere a la sanción judicial en contra del Alcalde del Municipio Chacao Ramón Muchacho, aunque, sigue vigente la amenaza a otros alcaldes opositores, 15 ya están en las listas de las sentencias del TSJ.

Estas decisiones judiciales, copiadas al carbón y con un proceder semejante en distintos sitios del país, están orientadas a minar el liderazgo local opositor y lesionar la autonomía municipal, un principio desvirtuado y desconocido desde el gobierno nacional con su orientación centralista y autoritaria. En consecuencia, le corresponde a la ciudadanía asumir la defensa de la institucionalidad y la autonomía municipal, con la Constitución en la mano y una voluntad de defensa de la soberanía popular y la democracia, tomando en cuenta que se está afectando la instancia gubernamental más cercana a las demandas sociales y a las respuestas que se requieren en obras y servicios públicos básicos, y en definitiva se afecta a la expresión local del derecho a la participación ciudadana y la elección de sus autoridades, alcaldes y concejales. De allí nuestro llamado, defendamos la autonomía municipal, pues si no lo hacemos socavamos las bases institucionales de la democracia local y estamos dando el paso a la perdida progresiva de la autonomía consagrada para los municipios y estados, pero también, para los sindicatos y las universidades, y se profundizará la violación a la Constitución y sus principios fundamentales, iniciando por hacer olvidar la importancia del derecho al voto para la democracia local.

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