LA REPÚBLICA, LA INDEPENDENCIA Y LAS CONSTITUYENTES:  DEL 5 DE JULIO DE 1811 AL 16 DE JULIO DE 2017


 

 Valderrama

Por Abog. José Efraín Valderrama para la Red Defensores de la Democracia

En Venezuela la independencia es consecuencia de la determinación de instaurar la República. Instituyéndose por el Congreso Constituyente de 1811 los principios de división de poderes, representación democrática nacional y soberanía popular, el Primer Congreso General de Venezuela, por mayoría de sus diputados, proclama en la tarde del 5 de julio de 1811 la independencia de la República naciente respecto al Reino de España y las Indias, por ser incompatible el sistema monárquico de éste con la forma de gobierno escogida para la Confederación Americana de Venezuela.

Como todo proceso político y trascendental, la independencia de Venezuela no fue un acto simple y libre de contradicciones. A diferencia de lo que solemos creer, la “Firma del Acta de Independencia” no ocurrió hasta el 7 de julio de 1811 -e incluso se discute si en días posteriores-, sin que deje de ser cierto que la decisión de proclamar la independencia ocurriese precisamente el 5 de julio. Pero que la fecha del acta histórica de independencia –para diferenciarla del acta de debates- no se corresponda con la ocurrencia del acto no trasciende más que como una curiosidad que denota la inexistencia de un acuerdo entre los diputados antes de ésta fecha. Sin embargo, que además los diputados que proclamaron la independencia hayan jurado el 2 de marzo de 1811, en la instalación del Congreso General de Venezuela, fidelidad a “V.S. Fernando VII” y a su soberanía, a la vez que a la patria y su independencia, nos refiere que la gestación de la Confederación Americana de Venezuela, republicana e independiente, se trató de un proceso no lineal, contradictorio y problemático, dependiente de las interacciones entre los intereses y fuerzas de actores disímiles, y no necesariamente racionales.

No es ésta la única contradicción en torno a la cual nace la República de Venezuela; el clamor por el sistema republicano -y por la independencia en consecuencia- es de un sector que, desde los términos actuales, no representaba a la mayoría del pueblo. Son fundamentalmente intelectuales, oficiales y hombres de familias tradicionales de la Capitanía quienes promueven las ideas liberales que desencadenan en el proceso emancipador. La mayor parte de la población de las provincias que conforman la Capitanía General de Venezuela es contraria a este proceso, y de hecho, se enumera como una de las causas de la pérdida de la denominada “Primera República” en 1812. La República y la independencia no fueron una obra popular a pesar de que sus promotores instituyeron el principio de representación y soberanía del pueblo; la acción posterior de la masa en el proceso emancipador se debió a la conducción del liderazgo político de la época.

El de 5 julio de 1811, es como todas las fechas históricas, la idea representativa del desenlace de un largo proceso, iniciado formalmente el 19 de abril de 1810. El liderazgo de una nación que no existía aún acuerda una visión, fija una idea-fuerza, un proyecto de país: Venezuela como República y país independiente.

  1. Evolución de la institucionalización de la República de la Confederación Americana de Venezuela:

La República significó para los padres fundadores: 1) el derecho de todas las clases de hombres libres a votar por sus representantes, 2) la separación de poderes, 3) la supeditación de los militares a las leyes y al poder civil en general, 4) la supremacía de la ley, y 5) el reconocimiento de los derechos a la libertad e igualdad. Expondremos resumidamente su institucionalización:

El proceso de instauración de la República comenzó desde el propio 19 de abril de 1810, con la incorporación de representantes del pueblo en la Junta Suprema de Caracas que se constituyó una vez depuestas las autoridades designadas desde la Metrópoli. Posteriormente se dicta el Reglamento para la elección de los Diputados del Congreso de Venezuela que asegurarían la representación nacional de todos los “hombres libres” en el Congreso Constituyente en condiciones de igualdad.

El Congreso dicta, al tercer día su instalación, el Reglamento Orgánico Provisorio para la Separación de los Poderes, signo característico de la República para el pensamiento Ilustrado. Se constituyó así un poder ejecutivo integrado por un triunvirato, una Corte de Justicia, y el poder legislativo representado por el propio Congreso Constituyente.

El mismo día de la instalación del Congreso, éste hace jurar a los comandantes militares “obedecer y hacer respetar las leyes que él sancione y haga promulgar y no usar la fuerza que por él se os ha confiado, sino del modo que indicase el poder ejecutivo al que están subordinados”.

La supremacía de la ley se instaura con la Constitución Federal del 21 de diciembre de 1811, en la que se establece: “La Ley es la expresión libre de la voluntad general, o de la mayoría de los ciudadanos indicada por el órgano de sus representantes legalmente constituidos. Ella se funda sobre la justicia, y la utilidad común, y ha de proteger la libertad pública e individual contra toda opresión y violencia”.

Respecto a los derechos a la libertad e igualdad, se establecen en la Constitución Federal, pero ya como acto constituyente, el Congreso había dictado el 1 de julio de 1811 la Ley Sobre los Derechos del Pueblo que luego recogió en la propia Constitución. Se proscribían los estamentos, se establecía la libertad e igualdad de todos los hombres, y se garantizaba el acceso a los puestos públicos en función de las condiciones personales independientemente de cualquier condición social.

El proceso de instauración de la República denota la convicción de sus promotores en sus postulados; la institucionalidad que se diseñó era genuinamente republicana conforme a la concepción de la época, y fue el acicate para enfrentar al Reino de España y de las Indias en la Guerra de Independencia. Preciso es considerar que el 5 de julio no celebramos nuestra independencia, sino nuestra vocación declarada al mundo de ser libres y soberanos como República.

  1. La República bajo asedio:

Doscientos seis años después de la instauración de la República y proclamación de la Independencia, Venezuela está inmersa en un conflicto entre fuerzas cuyo resultado determinará la continuidad o no de la República como forma de Gobierno y de la propia independencia como condición política de existencia de la nación.

Así como la institucionalización de la República en 1811 fue un proceso amplio, complejo y largo, lo ha sido también su pretendido desmontaje por una facción de individuos que, paulatinamente, concentraron todo el poder (no solamente el político, sino además el económico y comunicacional, procurando abiertamente una hegemonía) en un único centro de imputación, anularon la supremacía de la ley, coaptaron en gran medida los órganos que representaban los poderes públicos dejando inerte la separación de poderes, vaciaron el núcleo de los derechos humanos, desmontaron el principio de soberanía popular, y dieron al traste con la supremacía del poder civil frente al militar. La República está bajo asedio.

Las consecuencias del paulatino desmontaje de las instituciones republicanas, en términos contemporáneos, han sido el declive de la calidad de vida de los venezolanos en razón de la falta de inversiones tanto foráneas como nacionales, la imposibilidad de crecimiento económico traducible en mejores índices de bienestar social, la corrupción, la impunidad, la violencia cotidiana en contra y entre venezolanos. Frente al siempre inestable orden republicano, dependiente de la virtud civil del conjunto de los hombres y mujeres, se impone una autocracia anárquica. La idea de una violencia legítima del Estado para la seguridad ciudadana es desplazada por la de una violencia para la conservación del régimen.

Si en 1811 la amenaza a la República era el Reino de España y las Indias, y sus defensores dentro del propio territorio de la Confederación, desde 1998 hasta el 2017 la amenaza la constituye una cleptocrácia nacional aliada a intereses foráneos, no por motivos ideológicos, sino delictivos, expoliadores. De allí que la independencia esté atada a la suerte de la República una vez más.

III. La legitimidad republicana, creencia y convicción:

Resulta curioso que la República nació a raíz de un quebrantamiento legal: La convocatoria al Cabildo del 19 de abril de 1810 sólo podía ser convocada por el Gobernador; sin embargo fue el alcalde José Llamozas que hizo el llamado en contra de la voluntad de aquél. A pesar de la “inconstitucionalidad” del acto nació la República.

De acuerdo a Webber “la legitimidad es una creencia”, legítimo es lo que se reputa legítimo –valga la aparente redundancia- por una masa crítica de personas. Tal enunciado es reprochado por quienes refieren, acertadamente, que la legitimidad así entendida es propicia para justificar cualquier tipo de régimen, cualquier desmán.

Sin embargo, la legitimidad republicana es una creencia en sí misma, una creencia normativa; la legitimidad republicana implica la valoración de los derechos fundamentales, la separación de poderes, los principios democráticos, y la no dominación de ningún grupo o persona sobre otros.

Si bien la fundación de la República nació de un acto disconforme a las leyes no implica que haya sido ilegítimo. La convicción republicana daba soporte al Cabildo de Caracas, a la constitución de la Junta Suprema, la elección del Congreso Constituyente, y a la independencia. La legitimidad material de los valores republicanos es el parámetro de validez del derecho, no al revés.

En sentido contrario, el ordenamiento jurídico diseñado por el actual régimen dictatorial que gobierna Venezuela no constituye más que el enmascaramiento de su poder desnudo, un poder contrario a la República y sus valores fundamentales. Un ordenamiento jurídico que existe sólo para autolegitimar a un régimen dictatorial no merece obediencia alguna. Los venezolanos lo sabemos, y por eso, la dictadura requiere cada vez más de la fuerza, de la violencia, pues no logra la obediencia. Tengamos muy presente que, el poder sostenido en base a la violencia, sin obediencia, tiene un umbral crítico que, una vez superado, implica indefectiblemente o su quiebre o el desencadenamiento de la guerra civil. Todo poder requiere de apoyo de sus gobernados, de legitimidad, para su estabilidad. En Venezuela, desde 1811, la República ha sido el criterio indiscutido de legitimidad para la obediencia.

  1. La República ante el mito del poder constituyente:

La cleptocrácia chavista ladinamente coaptó organismos representativos de la República, y minó las virtudes civiles envileciendo a la población, para sustentar su propio poder en contra de los postulados propios de las instituciones y valores en cuya defensa alegan actuar.

El detentor del título de Presidente de la República, Nicolás Maduro, usurpando la soberanía popular instaurada en primer lugar por el Congreso Constituyente de 1811  (y justo es decirlo: completada por el Congreso Constituyente de 1946), en fraude a la Constitución de 1999, anuncia la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente cuyos constituyentistas serían electos por estamentos, por territorios sin vinculación a base poblacional, y sin libre postulación de candidatos, ni control alguno sobre el registro electoral.

La dictadura, requiriendo algún sustento de legitimidad que le dé soporte democrático, no contando con el apoyo popular y, temiendo a las consecuencias de su salida del poder por los desmanes en los que han incurrido en contra de los venezolanos, pretende redefinir en lo conceptual y en lo jurídico a la República y sus valores implícitos para procurarse estabilidad, obediencia. La dictadura sabe lo que ya apuntamos: La violencia como ejercicio del poder tiene un umbral crítico que, una vez traspasado, significará su quiebre.

El poder constituyente representó una forma concreta de “hecho revolucionario” en un tiempo anterior al constitucionalismo. En la actualidad podemos predicar que, con el advenimiento del estado constitucional, el poder constituyente devino ilegítimo. Si el control del poder y la garantía de los derechos son el fundamento del constitucionalismo no es coherente predicar la potencialidad de un poder sin límites ni controles. El cambio constitucional siempre es posible pero no a cuenta de un poder soberano. Dios ha muerto.

Claro, el mito del poder constituyente es útil para quien precisamente pretende asumir el poder absoluto y el desconocimiento de los derechos; máxime cuando es predecible, y está planeada, la captura del ente mítico. A diferencia del Congreso Constituyente de 1811 que, por iniciativa propia dividió los poderes, aseguró la representación democrática de la soberanía popular, decretó una carta de derechos inexistente para la época, y estableció el principio de supremacía de la ley, el actual régimen, sin ser poder constituyente, obró en sentido contrario, y para arrasar con las instituciones y expectativas republicanas aún en pie, convoca fraudulentamente a una Asamblea Nacional Constituyente.

El régimen en el poder procura consolidar la abolición de la República en beneficio de la oligarquía que representa. Con la pérdida de la República, insistimos, la independencia de Venezuela proclamada el 5 de julio de 1811, y conquistada en la Guerra de Independencia, puede perderse también no ya ante un Reino, sino ante una mafia pluriforme. Cárteles de droga, miembros VIP del Foro de Sao Paulo, indeseables de toda calaña y potencias extranjeras paulatinamente se han repartido y apropiado de nuestras riquezas y potencialidades. No habría guerra que nos librase esta vez; solo las instituciones republicanas garantizarían nuestra soberanía.

La República nació de una genuina constituyente en 1811. La que se discute en estos días no es más que una falsificación, un fraude, una farsa para el aniquilamiento de la República.

  1. Honrando a nuestros padres fundadores:

El catolicismo es, para creyentes y ateos, para practicantes del propio catolicismo así como de otras religiones, el núcleo de una cosmovisión del mundo para la actual sociedad occidental más allá de lo religioso. Muchísimos de nuestros códigos, creencias y valores, tienen su fundamento último en la visión católica del mundo, heredara además de otras tradiciones incluso más antiguas.

Juan Germán Roscio, ideólogo fundamental  de la causa republicana y emancipadora de Venezuela, corredactor, entre otros documentos, del acta de independencia y de la Constitución de Venezuela de 1821, en su obra “El triunfo de la libertad sobre el despotismo”, justificaba la república e independencia como valores superiores desde la cosmovisión de la teología católica en particular. Explicaba el prócer civil que era incompatible con los valores católicos la opresión, la falta de libertades, la discriminación, y la violencia como forma de ejercicio del poder. Católicos o no, sin lugar a dudas la libertad, la igualdad y los valores republicanos en general son una ficción constituyente.

Planteada por Roscio la defensa de la República e Independencia desde la  religión católica valga como recurso heurístico aludir el cuarto mandamiento de la Ley de Dios para su defensa: Honremos a nuestros padres.

Frente al peligro en ciernes sobre la República el rol del liderazgo es fundamental, es determinante. Lo fue en 1810 hasta 1824. Lo fue en la actualidad en el proceso destituyente, regresivo, iniciado 1998, y lo será hasta que haya una inauguración democrática, o una consolidación autoritaria, es decir, hasta que fracasemos definitivamente si fuere el caso.

Si en 1812 Venezuela no tenía convicción en el ideal republicano, si no hubo unidad en el mando de los patriotas, ni claridad en la estrategia, y perdimos la “Primera República”, no es menos cierto que la visión, la idea fuerza, el proyecto país estaba allí para guiar en sus objetivos a los precursores de la independencia.

Las fuerzas democráticas de Venezuela han convocado para el próximo 16 de julio un plebiscito para que el país se manifieste, para que el país hable como nación. La legitimidad del plebiscito no radica en una disposición legal, ni en el reconocimiento que le haga el régimen. Ni el Cabildo de Caracas, fue constituido conforme a las disposiciones legales de la época, ni el Rey Fernando VII aceptó como válida ni la República ni la independencia. La legitimidad no devino del reconocimiento de aquél contra quien se oponía, sino de una masa crítica que se convenció moralmente de la Justicia de sus aspiraciones políticas como nación.

La restauración de la República depende, por un lado, de la certeza y coherencia de las acciones de la vanguardia política, y por el otro, de la responsabilidad individual de cada venezolano, La República descansa, en último término, sobre la virtud de cada uno de sus integrantes; si en algo debemos exigir igualdad es en la propia responsabilidad frente al bien común. Debemos ser exigentes para con nosotros mismos.

Si Dios nos hizo libres, nos hizo responsables; libertad y responsabilidad son inseparables. Roscio no dijo que Dios fuera Republicano, pero aunque ateo, creo, no con fe mística, sino con convicción racionalizada, que es el mandato que predicaría para el reino de los hombres.

Nuestra República y la Independencia fueron un largo y doloroso proceso fundado en la fe de sus precursores; nosotros hemos vivido también el nuestro: Seamos consecuentes como nuestros padres fundadores y honrémoslos restaurando su proyecto, su visión, su idea fuerza: Venezuela republicana, libre y soberana. Para lograrlo debemos ser republicanos, debemos proclamarnos libres y, en consecuencia, ser responsables frente a la exigencia moral que sobre todos recae en hacer lo necesario para restituiry hacer respetar la Constitución. Ese es el camino hacia la República.

Bibliografía consultada:

Brewer-Carías, Allan (2012). “Sobre el significado y la importancia del libro: Documentos oficiales interesantes relativos a las Provincias Unidas de Venezuela”. Documentos Constitucionales de la independencia. Caracas. EJV.

Garrido, Juan (2005). “La Legitimación de Venezuela (el Congreso Constituyente de 1811)”. Procesos constituyentes y reformas constitucionales en la historia de Venezuela. Tomo I. Caracas, UCV.

Moron, Guillermo (1971). “Historia de Venezuela”. Tomo V. Caracas. Italgráfica.

 

Anuncios