Consejos Comunales de Aragua revisan su rol en la Participación Ciudadana

Mix-Maracay

Consejos Comunales de Aragua revisan su rol en la participación ciudadana

Fundesmu acompaña a la sociedad civil en una productiva jornada de reflexión

Prensa Fundesmu.- Los consejos comunales han sido en los últimos años promotores de la participación ciudadana en los diferentes sectores de la sociedad venezolana, independientemente si se trata de poblados populares, rurales o urbanizaciones.

La Fundación Estudios Municipales (FUNDESMU), junto a la ONG Aragua en Red, organizó una sesión taller de reflexión que tuvo como objetivo proporcionar información y vivencias en los participantes sobre el papel de los Consejos Comunales y el Municipio. Así como sensibilizar y generar reflexión grupal sobre lo que se está haciendo y lo que se debería hacer.

El encuentro se realizó el sábado 12 de julio, en la Cámara de Comercio del estado Aragua ubicada en la ciudad jardín de esta importante región aragüeña.

La sesión fue presentada por la Ing. Mireya Cadena, coordinadora de Fundesmu en el capítulo Aragua y el Ing. Santiago Clavijo de Aragua en Red, organizadores del evento. Por Fundesmu acompañó la actividad la Lic. Omaira Calles, quien de manera didáctica logró despertar el interés de los asistentes presentando las preguntas para el debate. Los participantes, representaban a líderes vecinales de los concejos comunales de los sectores Andrés Eloy Blanco, San José, Calicanto, San Joaquín de Turmero, Rio Blanco y Piñonal. Se respondieron las interrogantes sobre: cuál es su razón de ser como consejos comunales, qué están haciendo por la comunidad y presentaron sus propuestas para la ciudadanía.

Entre las coincidencias encontramos que el denominador común es que son ciudadanos organizados dispuestos a ofrecer su mejor esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus sectores. La formula se basa en garantizar servicios públicos óptimos y su participación activa en la gestión, ejecución y control de las acciones del gobierno local.

El Dr. Carlos Romero ofreció un recorrido histórico por el ABC del Municipio, Consejo Comunal y participación y cómo debe ser la relación institucional de los consejos comunales con las instituciones municipales. Abordó aspectos históricos que permiten entender mejor la realidad de nuestras instituciones y el desafío que enfrentan los liderazgos emergentes en sus propuestas ante la sociedad actual.

La sesión concluyó en la necesidad de continuar con jornadas de formación ciudadana en temas como la seguridad, la organización vecinal, liderazgo, redes ciudadanas y la historia política nacional. Por su parte, el Lic. Roberto Ruiz, presidente de Fundesmu asumió el compromiso de continuar apoyando a la comunidad aragüeña en una serie de talleres y debate ciudadano en éstos y otros temas de interés colectivo.

Prensa FUNDESMU. Contactos a fundesmu@gmail.com

El derecho de petición y registro de Consejos Comunales

Mix-Consejo ComunalEl derecho de petición y registro de Consejos Comunales

Por el Abog. Carlos Romero Mendoza

@carome31 @fundesmu

 El registro de los Consejos Comunales ha sido un tema que por años ha ocupado la atención de los vecinos, más no así, de los dirigentes políticos locales.   En el 2011 algunos vecinos de varios municipios de la zona metropolitano intentaron activar un movimiento de Consejos Comunales excluidos[1], por considerarse que la omisión del Estado de registrar los Consejos Comunales, violentaba el ejercicio de nuestro derecho a participar libremente en los asuntos públicos.

Mucha polémica siempre ha generado el tema de los Consejos Comunales y particularmente si lo vemos bajo la óptica de la libertad que la Constitución garantiza a cada Venezolano de asociarse con fines lícitos. En este sentido y buscando que el propio modelo de participación que el gobierno impulsaba no terminara por arrebatarnos nuestra condición de ciudadanos, el Movimiento buscaba servir de plataforma para la asesoría, la búsqueda de soluciones y el debate sobre nuestra condición de ciudadanos y el derecho a la participación[2].

El movimiento ciudadano no se consolidó, en parte porque la búsqueda de apoyo en dirigentes políticos, para que en el ejercicio de su representación acompañaran a los ciudadanos en la exigencia y reclamo del derecho a ser registrados, previo cumplimiento de todos los recaudos formales, no obtuvo ningún resultado satisfactorio, sino por el contrario generó mayor frustración y rechazo hacia la representación política debido a su indiferencia frente a un tema que afectaba y afecta aún en el presente a sus propios electores.

En definitiva fue un buen ejercicio, que además, permitió entender que la dispersión de los vecinos, también impactaba negativamente en una tarea como ésta, pues no necesariamente se cumplían todos los recaudos formales, en parte por la polarización que el tema de la elección de voceros generaba en cada comunidad y la dificultad de entender ese proceso como una vía para garantizar la pluralidad en la participación local y comunitaria.

Pero ese esfuerzo no impidió que otros ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos acudieran a los tribunales para exigir al Estado que respondiera a las solicitudes de registro de los Consejos Comunales, atendiendo al derecho que todos tenemos a elevar peticiones a las autoridades públicas competentes.   Recordemos, que la Ley Orgánica de Consejos Comunales, expresamente señala que en 10 días se debe procesar los documentos de solicitud y en consecuencia aceptar o rechazar la solicitud, indicando si hay la necesidad de subsanar algunas deficiencias o corregir algunos recaudos, para lo cual la Ley otorga 30 días a los interesados, al final del cual, podrá decidir si se cumplió o no con las observaciones y proceder o no al registro.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado en varias sentencias que el derecho de petición es un derecho fundamental y que el mismo, como lo ha reconocido reiteradamente el Tribunal Supremo de Justicia, impone la obligación de obtener la respuesta pertinente en un término prudencial, una respuesta que debe guardar directa relación con la solicitud planteada, debe ser suscrita por la autoridad competente en esa materia en particular y que no impone la obligación de responder a la petición satisfaciendo el interés de los solicitantes, pues puede negar o aceptar el registro, justificando la respuesta[3].

En tal sentido, hay 3 casos prácticos para poder entenderlo mejor y que se impulsaron alegando la presunta violación al derecho de petición consagrado en el artículo 51 de la Constitución.  A saber:

El primero ocurrió en San Cristóbal, estado Táchira, el Consejo Comunal “La Ermita”[4], quienes interpusieron en el 2007 una acción de amparo constitucional contra Fundacomun[5], pues luego de 3 solicitudes enviadas en tiempos diferentes, aún no habían obtenido respuesta escrita a su solicitud de registro.   Aun cuando Fundacomun demostró haber dado respuesta verbal indicando que faltaban algunos recaudos, el Tribunal ordenó dar respuesta escrita de inmediato sobre el registro, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad.

El segundo caso ocurrió en el Municipio Baruta, allí el Consejo Comunal de Santa Rosa de Lima y las Mesetas[6], acudió en junio 2010 a la taquilla única y ésta no dio respuesta oportuna a su solicitud de registro luego de la adecuación de sus voceros, por lo tanto, acudieron a la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo en diciembre 2010, intentando un recurso por abstención o carencia, y ocurrió que durante el proceso, en julio 2011 el consejo comunal obtuvo respuesta efectiva a la solicitd, en ella se indicó que habían fallas en los recaudos presentados por el Consejo Comunal, por lo tanto la Corte decidió que la respuesta daba por terminado el conflicto surgido y satisfacía el derecho a la respuesta que tienen los ciudadanos cuando dirigen una petición a cualquier funcionario público con la competencia legal efectiva en la materia concreta.

En este caso, nuevamente se confirma que ante una petición formulada por el ciudadano, la respuesta de la Administración Pública es obligatoria y debe ser por escrito, asi ésta sea tardía; en este caso la respuesta llegó como presión natural de la demanda.  Por otro lado, si la demora de la Taquilla Única hubiera generado algún daño demostrable para la comunidad, y se hubiera solicitado declarar tal responsabilidad, sin duda, el Tribunal hubiera tenido que entrar a valorar la responsabilidad del Estado.

En este sentido, recientemente en abril 2014 una decisión de un Tribunal en San Cristóbal, multa de 75 UT a Fundacomunal Táchira, porque a través de sus funcionarios actúo de manera contraria a los principios que debe inspirar la conducta de toda administración pública, prevista en el artículo 141 de la Constitución.

En este último caso, sucedió que Fundacomunal Táchira no acudió a la invitación formal que el Consejo Comunal “Garbiras” [7] extendió oportunamente al promotor respectivo para asistir y validar la elección de voceros y en su defecto, el proceso fue avalado por un funcionario del CNE.   En tal sentido, y ante la omisión de Fundacomunal de dar respuesta a la solicitud de registro del Consejo Comunal, se demandó por abstención o carencia a Fundacomunal Táchira y en consecuencia, el Tribunal ordenó que Fundacomunal Táchira se abstuviera a realizar “toda actividad dilatoria en la inscripción del Consejo Comunal” y que se procediera a dar respuesta y a inscribir al Consejo Comunal.   Además, el Tribunal ordenó notificar al Ministerio del Poder Popular para las Comunas a los fines de determinar la responsabilidad disciplinaria del funcionario respectivo, pues su conducta dilató y limitó el ejercicio de la participación ciudadana.

Carlos Romero Mendoza.

 

[1] El Universal. Crean Frente Nacional de Consejos Comunales Excluidos. 26 de marzo de 2011. Online en: http://www.eluniversal.com/2011/03/26/crean-frente-nacional-de-consejos-comunales-excluidos

[2]Manifiesto de Frente de Consejos Comunales Excluidos. 28 de marzo de 2011. Online en:  http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2011/03/manifiesto-de-creacion-del-frente.html

[3] TSJ.  Sentencia definitiva No. 031/2014. 25 de abril de 2014. Recuperado el 28 de junio 2014. Online en: http://tachira.tsj.gov.ve/DECISIONES/2014/ABRIL/2587-25-SP22-G-2013-000133-031-2014.HTML

[4] TSJ.  Expediente No. 19.570-2008. Recuperado el 28 de junio 2014. Online en: http://tachira.tsj.gov.ve/DECISIONES/2008/FEBRERO/1328-19-19570-.HTML

[5] Fundacomun fue reformada y ahora recibe el nombre de Fundacomunal

[6] TSJ. Expediente No AP42-N-2010-000685. Recuperado el 28 de junio 2014. Online en: http://jca.tsj.gov.ve/DECISIONES/2012/MARZO/1477-27-AP42-N-2010-000685-2012-0388.HTML

[7] TSJ.  Sentencia definitiva No. 031/2014. 25 de abril de 2014. Recuperado el 28 de junio 2014. Online en: http://tachira.tsj.gov.ve/DECISIONES/2014/ABRIL/2587-25-SP22-G-2013-000133-031-2014.HTML

 

El Cabildo Abierto

mIX-cABILDOEl Cabildo Abierto

 Artículo escrito para POLITIKA UCAB • JULIO 3, 2014  http://politikaucab.net/

Por el Abog. Carlos Romero Mendoza

@carome31 @fundesmu

Javier Escalera y Agustín Coca, Profesores de Antropología Social, afirman sobre la sociedad española que “frente a la sensación general del desapego hacia la política por parte de la población, un creciente número de ciudadanos quieren participar en la vida pública”[1].

La participación de los ciudadanos en la vida pública en Venezuela encuentra en la Constitución de 1811 un antecedente histórico, pues en su contenido, se reconoció el derecho de los vecinos a solicitar por escrito una reunión con la Municipalidad respectiva para tratar temas de interés; el texto del entonces artículo 183 advertía, que un grupo no menor de 6 “padres de familia y hombres buenos de la Parroquia”, tenían el derecho a elevar la solicitud formal para esta reunión.

La reunión entre vecinos o ciudadanos y la municipalidad encuentra otro antecedente histórico en la primera Ley Orgánica del Régimen Municipal del año 1978, que desarrolla bajo el capítulo  De la participación de la comunidad, un artículo a través del cual se establece la obligación del Concejo Municipal de realizar, al menos cada 3 meses, una reunión con los vecinos, organizando a tal fin una sesión en cuya agenda se aborden los temas de interés local que se acuerden.

La Ley de 1978 delegaba el desarrollo de esa reunión al reglamento interno y expresamente señalaba que a la misma se convocarían a organizaciones sociales, gremiales, culturales, deportistas, entre otros muchos sectores activos que hacen vida en el municipio respectivo.

Unos años más adelante, la Constitución de 1999, reconoce al Cabildo Abierto como un mecanismo de participación ciudadana y luego a través de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, reitera la necesidad de desarrollar el Cabildo Abierto a través de una ordenanza, en consecuencia, su efectiva aplicación quedó en manos de los propios Concejales como legisladores locales.

Han pasado más de 200 años de aquella Constitución y el desapego hacia la política por parte de la población se ha hecho evidente en el ámbito municipal venezolano. El desmontaje del Poder Público Municipal desde el año 2006, cuando una serie de reformas parciales empiezan a debilitar al Municipio como unidad política primaria, advierten sobre la anomia ciudadana frente a los cambios que se van dando progresivamente y que concluyen en el 2010 con la incorporación de la Comuna como entidad local.

Según el sociólogo estadounidense Robert K. Merton, en las sociedades modernas la anomia es causada por la desconexión entre la estructura reguladora de la sociedad (las normas institucionalizadas) y los objetivos culturales de la sociedad[2].

Esa anomia institucional se ha venido alimentando desde que las reuniones entre ciudadanos o vecinos y la municipalidad para abordar temas locales, se convirtieron en un evento extraordinario y muy atípico dentro de la dinámica local; lo cual, además, contribuyó con el desapego hacia la política y en consecuencia hacia los asuntos públicos locales.

El desmontaje del Poder Público Municipal, el problema de la recolección de basura, el presupuesto municipal y las políticas de distribución del situado constitucional, la seguridad ciudadana, la descentralización, son temas que simplemente han estado allí en la agenda pública y que son oportunos para justificar la convocatoria de un Cabildo Abierto.

Ahora bien, como advierten los españoles Escalera y Coca, también en Venezuela hay ejemplos que permiten identificar la disposición de algunos ciudadanos a participar en los asuntos públicos, en este sentido, son muchos los ejemplos de las acciones para reclamar el registro de los consejos comunales por los propios vecinos, y en otros casos, los encuentros entre autoridades locales y vecinos pero para fines asistencialistas o de apoyo en actividades comunitarias.

En el Estado Táchira, recientemente la Fundación de Estudios Municipales, en el marco de varias jornadas de reflexión sobre el pasado, presente y futuro del Municipio, identifico 3 municipios en los cuales el Cabildo Abierto se asumió como un espacio para el debate con los vecinos sobre los asuntos de interés local.

El primero de esos ejemplos lo ubicamos en el municipio Córdoba, capital Santa Ana[3], allí la motivación de la agenda del Cabildo Abierto fue la presencia del Centro Penitenciario de Occidente y el impacto negativo para la paz, la cotidianidad y el libre desenvolvimiento de los vecinos en los últimos meses, el cual concluyó con el compromiso de convocar a un referendo consultivo sobre el tema.

Un segundo ejemplo, es en el Municipio Bolívar, cuya capital es San Antonio del Táchira[4], allí, la iniciativa ciudadana, acompañada por la voluntad de un joven concejal impulsa para los próximos días un Cabildo Abierto, cuya agenda busca elevar una voz de protesta contra el maltrato del Ejercito en el control fronterizo adicional que se ha puesto a los alrededores de la tradicional alcabala de Peracal.

Los vecinos se han venido quejando de las consecuencias que ha traído ese nuevo control sobre la cotidianidad local, en particular sobre la libre movilidad de cada uno de los vecinos, pues no solo se trata de las colas que se arman de 2 hasta 3 o 4 horas, sino que además, el Ejercito los trata como si todos fueran bachaqueros y/o contrabandistas.

El otro Municipio es Independencia, capital Capacho, allí en los últimos 6 meses, se han realizado 3 Cabildos Abiertos, según información suministrada por propios funcionarios locales, y en cuyas agendas, se trataron temas de estricto interés local con los vecinos.

El Cabildo Abierto, debidamente organizado, es una herramienta útil para informar y formar ciudadanía; igualmente, es un espacio que facilita al ciudadano experimentar el valor de las instituciones locales, del diálogo, el debate plural y respetuoso con las autoridades locales; además, es una estrategia política válida para intentar acercar al ciudadano a los asuntos públicos locales y reconstruir lazos de confianza óptimos con las instituciones locales.

El Cabildo Abierto nos reconecta con el pasado y contribuye a recuperar el espíritu municipal concretando en la práctica la necesaria interdependencia entre la democracia participativa y la representativa.

[1] El Diario. Participación ciudadana. ¿Qué participación? ¿Participación para qué?. 27 de junio de 2014. Online en: http://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/Participacion-ciudadana-participacion_6_275482459.html

[2]Participacion Ciudadana. Anomina y Violencia Ciudadana. 06 de julio de 2006.  Online en>http://www.pciudadana.org/detalle/opinion/_______anomia_e_inseguridad_ciudadana-797

[3] El Informe.  Realizar referendo en Santa Ana para sacar la carcel aprueban en cabildo abierto. 20 de mayo de 2014. Online en: http://el-informe.com/20/05/2014/politica/realizar-referendo-en-santa-ana-para-sacar-la-carcel-aprueban-en-cabildo-abierto/

[4] La Nación.  Convocan a cabildo abierto en san antonio para discutir efectividad de las alcabalas. 21 de junio de 2014.  Online en: http://www.lanacion.com.ve/regional/convocan-cabildo-abierto-en-san-antonio-para-discutir-efectividad-de-las-alcabalas/