MUNICIPIO Y SERVICIO DE GAS DOMÉSTICO

Mix-GasMUNICIPIO Y SERVICIO DE GAS DOMÉSTICO

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com / @fundesmu

Históricamente ha correspondido al municipio la prestación de los servicios públicos que más cerca nos afectan; por ejemplo: agua, electricidad, aseo urbano y domiciliario, cementerios. Sin embargo, hay factores que no han permitido mantener esto en el tiempo.

Puede citarse el hecho de implantar un régimen jurídico, distancias entre el lugar o fuente hasta donde nos desenvolvemos, entre otros. Es por ello que hay la asunción de algunos servicios de carácter local por parte del nivel nacional, como ocurre con el agua, gas o electricidad.

No compete al municipio la exclusividad de los servicios públicos, por cuanto concurren o hay prestación por otros niveles, como en el servicio de agua, gas o electricidad; el Constituyente fue de la opinión que corresponde al Poder Nacional la regulación en la prestación de los servicios públicos. En otros casos será la armonización de estos, como se observa con la Ley de Armonización y Coordinación de Competencias de los Poderes Públicos Nacional y Municipal para la prestación de los servicios de distribución de gas con fines domésticos y de electricidad (2001) y la Ley Orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento (2001), mientras que, al poder municipal, le corresponde la dotación.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) establece una reserva al Estado, por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. 

Igualmente, este texto normativo establece como competencia al municipio el servicio de gas doméstico, lo que recoge la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010).

Ahora bien, esto debe interpretarse como una competencia concurrente, dada la explicación en la que ambos ámbitos intervienen en esta actividad.

En efecto, de una lectura de la Ley de Armonización y Coordinación de Competencias de los Poderes Públicos Nacional y Municipal para la prestación de los servicios de distribución de gas con fines domésticos y de electricidad (2001), se observa que al municipio le compete lo relativo con  la promoción y aseguramiento de la prestación, el mantenimiento, el mejoramiento y la ampliación de los servicios de distribución de gas con fines domésticos en su ámbito territorial, en armonía con el régimen general y con la ordenación de la actividad de distribución establecida por el Poder Público Nacional.

Otorgar las concesiones para la prestación del servicio de distribución de gas con fines domésticos cuando esta comprenda exclusivamente su ámbito territorial. Cuando abarcare más de allá será previo acuerdo con el Poder Público Nacional sobre las modalidades y condiciones de la concesión. En tal sentido, se constituirán una mancomunidad conformada por todos los municipios que se encuentren comprendidos en el área se servicio para la distribución de gas definidas por el Poder Público Nacional.

Colaborar con el Poder Público Nacional en las labores de fiscalización de la calidad del servicio de distribución de gas con fines domésticos en su ámbito territorial, de acuerdo con la normativa que a tales efectos dicte el Poder Público Nacional.

Promover la organización de los usuarios del servicio de  gas con fines domésticos a los fines de velar por la calidad del servicio.

Atender reclamos en materia de calidad de servicio y atención a los usuarios del servicio de distribución de gas con fines domésticos y de electricidad, de conformidad con los lineamientos que dicte el Poder Público Nacional.

Cooperar en la construcción, instalación y expansión de los sistemas de distribución de gas con fines domésticos y de las instalaciones de distribución de electricidad mediante la simplificación de los trámites y autorizaciones correspondientes.

Sin embargo, es frecuente que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se gestiona el servicio de gas doméstico, a través de empresas del holding público, por cuanto el municipio acusa deficiencias presupuestarias para invertir en el área por diversas razones.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría que se encuentran publicados en el  www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.

Anuncios

¿Arranca el intento de arrebatar competencias al Poder Público?

Mix-Arrebato¿Arranca el intento de arrebatar competencias al Poder Público?
Por el Abog. Carlos Romero Mendoza
@carome31 @fundesmu

Una nota de prensa de aporrea [1] anuncia que la Comisión Presidencial para el Impulso de las Comunas[2] estudia 25 solicitudes de transferencias de competencias, bienes y servicios presentadas por Comunas socialistas formalmente conformadas en el país.
Según Aporrea, se presentaron 56 solicitudes y sólo 25 logran cumplir con los requerimientos legales necesarios para poder convertirse en los sujetos beneficiarios de la transferencia.

Según la información publicada en la página web del Ministerio para las Comunas el 25 de julio de 2014, en el país se lleva un registro de 744 Comunas hasta esa fecha, por lo tanto en ese universo 25 Comunas es sólo un 3%, y las restantes 31 comunas que no han terminado por conformar su estructura, representa un 4%.

Con esta información podría concluirse que sólo 7% de las Comunas registradas en el país hasta la fecha indicada previamente están en la práctica activas como sujetos para beneficiarse de la transferencia, lo cual resulta un indicador muy pobre para la consolidación del Poder Popular.

La Comisión Presidencial para el Impulso de la Comuna, que evalúa el tema de las transferencias, fue creada en el año 2010 y se instala formalmente en el año 2013[3] en un acto público presidido por el vicepresidente Jorge Arreaza, desde Carapita, Antímano, municipio Libertador, para esa oportunidad en agosto 2013 se anunciaba sólo 112 comunas registradas.

Los proyectos presentados por esas 25 Comunas que son evaluados por la Comisión Presidencial mencionada, tienen como objeto de la transferencia bienes y servicios en el área de educación, salud, manejo de desechos sólidos, ornato y administración de infraestructura y servicios para el desarrollo endógeno y la producción agrícola.

Un ejemplo de esa solicitud, destaca Aporrea, se ubica en el municipio Trinidad de Yaracuy, en el cual la Comuna Independencia 18 de febrero, ha solicitado la administración de cuatro galpones del Instituto Nacional de Desarrollo Agrícola, para utilizarlo de acopio y beneficio de café en la zona.

El caso de este municipio resulta importante a destacar, porque allí el oficialismo puede decir que el Plan Comuna o Nada [4] logró su objetivo, que era el crear comunas en aquellas parroquias con tendencia oficialista, en este caso la alcaldesa y la mayoría del Concejo Municipal son oficialistas [5].

Según la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de competencias, servicios y otras atribuciones de 2012, la transferencia se regulará a través de un reglamento de la Ley, el cual creo que no existe; pero además establece que para concretar esa transferencia hay cuatro etapas que deben seguirse: el diagnóstico, el plan de transferencia, el presupuesto y la ejecución; y concluye el proceso con un Convenio.

Ahora bien, en el caso de transferencia de bienes, servicios y competencias municipales, y en particular en estas 25 solicitudes que se comenta que son -aparentemente- por iniciativa de la comunidad organizadas en Comuna, necesariamente ese Convenio aprobatorio de la transferencia, debe ser aprobado por el Concejo Municipal; pero hay un nuevo actor cuando de aprobación se trata, y es el Consejo Local de Planificación Pública, que según las normas que lo regulan, su Plenaria tiene atribuciones para promover y para aprobar las transferencias de competencias, bienes y servicios de los municipios a las Comunas.

Resulta curiosa esta atribución de “aprobación” que tiene la Plenaria del Consejo Local de Planificación Pública, considerando que los Concejales son también integrantes de esa Plenaria; lo más coherente sería, que esa Plenaria tuviera sólo la atribución de promover la transferencia como ocurre en el caso del Alcalde, y que la responsabilidad de aprobarla o no, a través de un Convenio estuviera en manos exclusivas del Concejo Municipal, quienes, por cierto pueden revertir cualquier transferencia aprobada en los términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Que el Concejo Municipal y el Consejo Local de Planificación Pública tengan la misma atribución de aprobar transferencias, sólo encuentra sentido cuando se analiza la integración de estas instancias locales, en cuanto al sistema de la mayoría para tomar decisiones, en el Concejo Municipal no necesariamente se garantiza la mayoría oficialista, pero en el Consejo Local de Planificación Pública, la ley garantiza la presencia del Poder Popular y por ende, en consecuencia, una mayor tendencia hacia el Estado Comunal.

Por último, es importante no perder de vista, que para el oficialismo, este proceso de transferencia, responde al Plan de la Patria 2013-2019 que plantea la transferencia de competencia del poder público a las comunas dentro de su objetivo 2.5 en el que expresamente propone la “irrupción definitiva del nuevo Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia”.

Carlos Romero Mendoza.
________________________________________

[1] Aporrea. Comunas asumirán nuevas competencias. 23 de julio de 2014. Online en:http://www.aporrea.org/poderpopular/n254889.html
[2] Romero, Carlos. Una ojeada a la Comisión Presidencial para el impulso de las Comunas. 20 de agosto 2010. Online en: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2010/08/una-ojeada-la-comision-presidencial.html
[3] Correo del Orinoco. Instalada Comisión Presidencial para el Impulso de las Comunas. 26 de agosto de 2013. Online en:http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/instalada-comision-presidencial-para-impulso-comunas/
[4] Romero, Carlos. La parroquia en el impulso de las Comunas. 07 de febrero 2014. En: Estado-Ley-Democracia.blogspot.com. Online en: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2014/02/las-parroquias-en-el-impulso-de-las.html
[5] Consejo Nacional Electoral. Resultado electoral municipal de municipio La Trinidad en Yaracuy. Recuperado el 25 de julio de 2014. Online en: http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/2/reg_200900.html

Justicia de Paz ¿Expropiada u Olvidada?

Mix Justicia ExpropiadaJusticia de Paz ¿Expropiada u Olvidada?

Artículo escrito para Politika UCAB
Por: Carlos Romero Mendoza / 10 de julio de 2014

El artículo 178 numeral 7 de la Constitución Nacional advierte que la Justicia de Paz es una de las competencias del Municipio en el marco del diseño de Estado Federal y Descentralizado que se aprobó en 1999.
Hasta el año 2012 cada Municipio a través de una ordenanza, creaba circunscripciones intra-municipales de cuatro mil habitantes cada una, pudiendo variar esa referencia cuantitativa según la dinámica de cada comunidad.
En el marco de la Ley Orgánica de Justicia de Paz sancionada en el año 1994, el proceso electoral para elegir a un Juez de Paz era responsabilidad directa del Concejo Municipal con la activación de las Juntas Parroquiales y de la comunidad organizada. Según aquellas normas, la responsabilidad sobre el proceso electoral, podía ser delegada en la figura de las extintas Juntas Parroquiales.
La Justicia de Paz era asumida como un servicio que prestaba el Municipio y a través del cual se procuraba la solución de los conflictos y controversias por medio de la conciliación, y en el caso de no ser posible alcanzar esa solución, entonces era necesario acudir a la equidad. La Ley de 1994 establecía claramente que el propósito del Juez de Paz era lograr la justicia del caso concreto y garantizar la convivencia pacífica de los miembros de la comunidad vecinal.
El 2 de mayo de 2012 la Gaceta Oficial publica la Ley Orgánica de Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, a través del cual, se deroga la Ley Orgánica de Justicia de Paz de 1994. La nueva Ley presenta la Justicia de Paz como una jurisdicción especial en el ámbito del Poder Popular y como parte del sistema de justicia. En este sentido, la Ley judicializa lo que conocíamos como justicia de paz, pues a partir del 2012, tanto el presupuesto para su funcionamiento, como la capacitación de los jueces de paz comunal, pasan a ser responsabilidad del Poder Judicial y las decisiones de cada juez de paz comunal son reconocidas como “sentencias” dictadas en nombre de la República Bolivariana de Venezuela.
Esta Ley de 2012, establece que la nueva autoridad electoral para el proceso de elección de los jueces de paz comunal es la Comisión Permanente Electoral de cada consejo comunal y en donde haya varios consejos comunales, entonces se procederá a conformar una Comisión Electoral Central, integrada por voceros de cada Comisión Permanente Electoral que exista.
Cada entidad local, llámese comuna o parroquia, debe tener en principio un juez de paz comunal y a los fines de delimitar el ámbito de actuación, el legislador estableció que el territorio debería dividirse atendiendo a un rango de 4 mil a 6 mil habitantes.
Es importante destacar, que la Ley Orgánica de Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, advierte que su contenido transfiere la competencia de la justicia de paz comunal de los municipios a los ciudadanos, a través de las instancias y organizaciones del Poder Popular y de esa forma, desarrolló uno de los ámbitos de actuación de la Comuna: justicia de paz comunal.
La Justicia de Paz Comunal se presenta, a partir de 2012, como una alternativa que va más allá de la conciliación, pues también promueve el arbitraje y la mediación, como medios para lograr la mayor convivencia vecinal, comunitaria y para garantizar mejores niveles de armonía en las relaciones familiares.
Además, la Justicia de Paz Comunal se convierte en el ámbito directo para atender las situaciones derivadas del derecho a la participación ciudadana con relación a las instancias y organizaciones del Poder Popular, así como a las generadas como producto del funcionamiento de éstas.
Han pasado 2 años desde que se sancionó esta Ley y ha quedado en evidencia, que el Tribunal Supremo de Justicia no cumplió su obligación de designar provisionalmente para un período de 2 años a los Jueces de Paz Comunal, mientras cada comunidad se organizaba para la elección respectiva.
Esa omisión del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado a las comunidades del país privada de la oportunidad legal y legítima de buscar soluciones a los problemas comunitarios o vecinales, pues en la práctica no existen Jueces de Paz Comunal.
Lo anteriormente expuesto claramente permite concluir que la justicia de paz ha sido judicializada y “expropiada” en beneficio del Estado Comunal. Ante esta realidad, algunas alcaldías han tomado la iniciativa de crear la justicia municipal, y en tal sentido, sería oportuno que los concejales asumieran el reto de abrir un debate político sobre esta materia para fortalecer a través de una ordenanza el ejercicio efectivo de la competencia constitucional que aún tiene el municipio en materia de justicia de paz, a través de figuras como la denominada Justicia Municipal.
Abg. Carlos Romero