MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA II/III

MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA II/III

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

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Desde la aparición de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) se incluyen distintas maneras para el ejercicio de la participación ciudadana; algunas lo hacen desde una visión política o económica, por ejemplo.

Cada uno de ellos busca encausarla para que, con organización, se produzca el entendimiento entre autoridades y ciudadanos.

Sin embargo, el legislador nacional se ha dado a la tarea de regular la participación ciudadana.

Actualmente, ya se han aprobado leyes –por vía ordinaria o habitante – que se relacionan con algunos de los medios participativoscomo son: Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009), Ley de los Consejos Locales de Planificación (2010), Ley Orgánica del Poder Popular (2010), Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (2010), Ley Orgánica de Comunas (2010), Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (2009), Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (2010), Ley Orgánica de Contraloría Social (2010), Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal (2012), Ley Orgánica de la Administración Pública (2008), Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Transferencia de Competencias, Servicios y otras atribuciones (2012).

Lógicamente es de suponer que, algunas de ellas, modifican leyes existentes con antelación a la versión enunciada en el párrafo anterior, como ocurre con justicia de paz o descentralización, por ejemplo.

 Por su parte, la jurisprudencia ha aportado decisiones que buscan interpretar el sentido constituyente y legislativo.

A título de ejemplo se puede citar aquel fallo de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal en relación con la cesación de funciones del alcalde cuando el concejo municipal consideraba la memoria y cuenta improbada, frente al referendo revocatorio previsto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otorgando a los electores la legitimidad para convocarlo, concluyendo que la forma de participación a través de los mandatos revocables – como dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) – debe prevalecer a la modalidad legislativa local.

Otro es el que interpreta la expresión “comunidad organizada”, donde el Tribunal Supremo de Justicia expresó que las formas de organización comunitaria – bien sea de Derecho Público o Privado – tienen el derecho de participar en la toma de decisiones, lo que puede hacerse mediante consultas varias o en forma vinculante, según sea el caso, siguiendo los lineamientos que establezca la ley para cada uno.

Un tercer caso puede ser la interpretación dada en Sala Constitucional acerca de la vinculación entre los poderes públicos constituidos y formas de participación ciudadana; allí se dio preponderancia a cabildos abiertos y asambleas de ciudadanos – por ejemplo – dado su carácter deliberante con resultados concretos; es menester acotar que – en estas figuras participativas – se caracterizan por emitir actos seguidos de consultas a las comunidades donde se llevan a cabo con conclusiones dirigidas a autoridades, como ocurre con los alcaldes.

Lo importante es que la participación no es una dádiva sino un derecho adquirido, tanto en solitario como en colectivo, con los que se puede modificar la realidad circundante en forma positiva, por lo que no debe dejarse pasar por alto cuando se genera para el ciudadano la posibilidad legítima de hacerla valer.  

Asimismo, tampoco se agota con invocarlo o activarlo; hace falta seguimiento y exigir de las autoridades su cabal cumplimiento. Por ejemplo, el solo hecho de no estar a la altura dentro de una función pública podría originar una revocatoria de mandato en los casos donde se aplique o, en los casos de los procesos abrogatorios, cuando una legislación atente contra derechos legítimos ciudadanos. 

 Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de este autor denominados “Municipio y Poder Popular”, “La Justicia de Paz Comunal”, “Organización y Gestión Municipal”, “De las Competencias Municipales”, “Medios de Gestión”,” De los medios de participación”, “Municipio y Presupuesto”, “Municipio y Planificación”, “Los CLPP en la Ley Orgánica del año 2010”, “Los Consejos Comunales según su Ley Orgánica del año 2009”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “La Contraloría Social”, ”Municipio y Servicios Públicos”, “Las Empresas Municipales”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y Ley Orgánica de Gestión Comunitaria”,  “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico”, entre otros, que pueden ser encontrados en www.eduardolarasalazarabogadoblogspot.com o en www.tuabogado.com (Pódium Jurídico Derecho Municipal), para obtener mayor información sobre lo aquí tratado.

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Municipio y Participación Ciudadana I/III

MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA I/III

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

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Lejos de lo que muchas personas puedan pensar, la participación ciudadana no es obra exclusiva de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999); existen antecedentes legislativos al respecto.

Al examinar la Carta Magna del año 1961, por fijar la atención en lo más reciente, si bien no la expresa formalmente, a la luz de sus disposiciones se encuentra abierta la posibilidad para ello.

Un ejemplo a considerar es que si Venezuela ha suscrito y ratificado válidamente instrumentos normativos de rango supranacional, como los referidos a derechos humanos, estos pasan a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, como lo recoge la hoy día la CRBV.

De hecho, ésta establece una norma que expresa lo siguiente: “…los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables que esta Constitución y la ley de la República y son de aplicación inmediata  y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Por su parte, la Constitución anterior establecía que “La enunciación de los derechos y garantías contenidas en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”.

La idea de estas líneas no es abrir una polémica sobre derechos humanos entre la vigente y anterior Constitución ni tampoco un debate político o ideológico.

Es menester señalar que la materia local está plagada de elementos que la conforman y gravitan en torno a derechos humanos, los cuales son irrenunciables.

-¿Algunos de ellos?

-El de asociación;  elevar peticiones y obtener oportuna respuesta; desenvolvimiento libre de la personalidad; libertad económica, entre muchos otros.

La participación ciudadana recoge los mencionados, por decir lo menos, dado que implica un ejercicio individual y colectivo de esos y otros derechos consagrados por el ordenamiento jurídico venezolano.

Una de las fuentes generadoras de aquélla tiene un sustrato territorial o geográfico; no es otro que el fenómeno de la lugarización

Así como la globalización nos hace estar insertos en un contextos mundial, el lugar es donde nos desenvolvemos y sentimos arraigo o pertenencia; lo que algunos llaman raíces, que responden a conceptos sociológicos, políticos o psicológicos más  que jurídicos, aunque lo legal se ocupa de regularlos.

En la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) se establecen los llamados Medios de Participación, entre los que se encuentran: Cabildos Abiertos, Asambleas de Ciudadanos, Consultas Públicas, Presupuesto Participativo, Iniciativa Popular, Control Social, Referendos, Iniciativa Legislativa, Medios de Comunicación Social Alternativos, Instancias de Atención Ciudadana, Autogestión, Cogestión.

A mayor abundamiento, la LOPPM tiene como principio cardinal la participación; para muestra basta con la creación de organizaciones de tipo comunitario, como cooperativas, empresas municipales (mixtas o exclusivas), fondos de ahorro, entre otros; donde se invierten recursos y se da cabida a los ciudadanos en su conformación para la gestión y atención de necesidades colectivas en áreas como salud, aseo urbano y domiciliario, ornato, protección vecinal, entre otras.

También se debe hacer justicia en los campos de la planificación, presupuesto participativo, en los que los ciudadanos elevan propuestas concretas en conjunto con las autoridades para solucionar problemas en sus zonas de influencia inmediata; ello – visto con una visión de conjunto – permite sumar esfuerzos para la construcción de un mejor país desde la célula primaria de la organización venezolana: el municipio. Venezuela no es la capital ni sus grandes ciudades; también hay realidades que atender y a ellas se debe la descentralización.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de este autor denominados “Municipio y Poder Popular”, “La Justicia de Paz Comunal”, “Organización y Gestión Municipal”,“De las Competencias Municipales”, “Medios de Gestión”,” De los medios de participación”, “Municipio y Presupuesto”, “Municipio y Planificación”, “Los CLPP en la Ley Orgánica del año 2010”, “Los Consejos Comunales según su Ley Orgánica del año 2009”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “La Contraloría Social”, ”Municipio y Servicios Públicos”, “Las Empresas Municipales”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y Ley Orgánica de Gestión Comunitaria”,  “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico”, entre otros, que pueden ser encontrados en www.eduardolarasalazarabogadoblogspot.com o en www.tuabogado.com (Pódium Jurídico Derecho Municipal), para obtener mayor información sobre lo aquí tratado.

 

¿Y las Elecciones Municipales?

¿Y las Elecciones Municipales?

Abg. Carlos Romero Mendoza

carome31@gmail.com @carome31

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 Y llegó la última semana del mes de enero cuando el CNE debería anunciar oficial e institucionalmente la convocatoria a elecciones municipales para el 26 de mayo del 2013.  El pasado 25 de enero, el CNE anunció una rueda de prensa para el martes 29 a fin de posponer las elecciones municipales donde se elegirían a 335 Alcaldes, 2.435 concejales, 69 representantes indígenas municipales, 2 alcaldes metropolitanos y 20 concejales a cabildos distritales.

 

Como bien sabemos en esas elecciones los vecinos elegiremos a quienes tienen la responsabilidad de ejercer la función ejecutiva y la deliberativa del Poder Público Municipal.  

 

La función ejecutiva la ejerce el Alcalde y la función deliberativa la ejerce el Concejo Municipal, quiero dedicar estas líneas al rol de quienes integran el Concejo Municipal, que se denominan Concejales.   La elección que probablemente tendremos en mayo permitirá nuevamente que los ciudadanos tengamos la oportunidad de ejercer nuestro derecho a elegir nuevos concejales, oportunidad que nos fue negada por voluntad de la Asamblea Nacional a través de las reformas parciales de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM)

 

La elección de mayo 2013 hace que los concejales que  hoy ocupan los cargos de representación popular, tengan casi un período de 4 años, por lo tanto podríamos decir que por medio de la acción de los legisladores, y sin consulta del soberano, los concejales electos para el período 2005-2009, fueron reelectos para el período 2009-2013, y en este caso la tesis no fue la “continuidad administrativa”.

 

Esa extensión del período, unido a la campaña y promoción de las Comunas como forma de organización política, social y económica local, ha deteriorado de manera significativa no sólo las competencias reales del Concejo Municipal como creador de leyes locales, sino que además ha generado por la propia actuación de los Concejales un casi absoluto desconocimiento sobre su rol como actor del desarrollo local.

 

Desde el punto de vista estratégico los concejales son unos actores principales y estratégicos para recuperar el valor del Municipio como instancia más inmediata al ciudadano, además que en el diseño legal de sus competencias son ellos los que tienen la oportunidad real y práctica de promover el acercamiento del ciudadano a los temas locales, y con ello no sólo darle sentido a la representación que detentan, sino que además podrían, si así lo asumen, redefinir el municipio que el país necesita.

 

Las herramientas que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal otorga a los Concejales son las siguientes: la primera de ellas es la consulta de ordenanzas (art. 266 LOPPM), a tal fin es responsabilidad de los Concejales promover que el reglamento interior y de debates garantice y facilite para sus electores ese derecho a ser consultados para la aprobación de ordenanzas.

 

La segunda herramienta es definida por el legislador como asesoramiento vecinal (art. 268 LOPPM), a tal fin pueden los Concejales incorporar a vecinos, electores de su circuito, en Comisiones Permanentes o impulsar la Contraloría Social sobre los servicios públicos activando a tal fin a sus electores, para ello requiere que ésta figura legal sea regulada a través de un Reglamento.

 

Una tercera herramienta se puede denominar el debate ciudadano (Art. 267 LOPPM) que establece expresamente la obligación del Concejo Municipal un espacio para que los vecinos opinen sobre los temas de interés local y que debe ser incluida en agenda formal, por lo tanto no se trata de la opinión sobre las ordenanzas, se trata de la oportunidad para que la voz del vecino sea escuchada sobre los temas públicos locales en las sesiones del Concejo, a tal fin esta figura también necesita ser regulada para facilitar su ejercicio.

 

A estas tres herramientas debo agregarle una más que tiene que ver con el rol que juega el Concejal en el Consejo Local de Planificación Pública, espacio institucional en el cual tiene la oportunidad de debatir sobre el desarrollo local con representación de la sociedad civil y además trabajar el tema del presupuesto de inversión, que tiene directa relación con el presupuesto participativo y que en todas esas materias obliga al Concejal ejercer y darle sentido al concepto de representación y cooperar en el rescate del Municipio.

 

Creo que el desarrollo efectivo de estas herramientas, el contacto con sus electores a través de estos espacios institucionales, alimenta de manera significativa los valores ciudadanos y permite con la práctica experimentar cómo la democracia participativa complementa la democracia representativa.   Un concejal que se active con sus electores en el debate de lo público, contribuye con su ejemplo, a fortalecer el rol del Municipio frente a las Comunas, a través de las cuales el gobierno pretende modificar la estructura del Estado precisamente desde lo local.

 

 Carlos Romero Mendoza