El golpeado presupuesto municipal condicionará la Justicia de Paz


Carlos Romero Mendoza – Coordinador de los blogs Estado Ley Democracia Algo Municipal

El pasado día 25 de octubre de 2011 el portal Noticias24, informaba que 26 Alcaldes realizaron una jornada de trabajo para discutir sobre el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2012, reunión en la cual participaron además los diputados y miembros de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional: Vestalia Sampedro, Alfonzo Marquina y José Manuel González.

La nota de prensa recoge las siguientes palabras del alcalde de Chacao, Emilio Graterón, quien señaló: “los alcaldes del pueblo no permitiremos que el Gobierno Nacional siga violentado lo establecido en la Constitución Nacional referente a la autonomía municipal y regional. Somos un gobierno federal descentralizado y el Gobierno Nacional no puede seguir asfixiando a las alcaldías y gobernaciones con las decisiones que está tomando. Exigimos justicia en la discusión y distribución presupuestaria para el año 2012”.

Es evidente que el término “asfixia” utilizado por el alcalde sin duda alguna se refiere a las dificultades presupuestarias que padecen las alcaldías y que deben ser analizadas de manera integral con la evolución o el fortalecimiento del Poder Popular en el país.  Si asumimos la realidad de las finanzas locales, no podemos menos que preocuparnos los anuncios sobre el impacto que tendrá la reforma de la Ley Orgánica de Justicia de Paz cuando plantea que los Jueces de Paz recibirán recursos o un pago por el servicio que presta en la comunidad y que tal recurso debe venir de los Municipios, en otras palabras del presupuesto municipal.

En este sentido, el pasado 17 de noviembre 2011 la Asamblea Nacional en su portal web anunciaba que el jueves 25 será sometida a segunda discusión el informe de reforma a la Ley Orgánica de Justicia de Paz, que incorpora aspectos que se recogieron durante los procesos de consultas públicas realizados en todo el país.

Esa nota de prensa destaca que el diputado del PSUV/Trujillo, José Javier Morales, anunciaba que se había previsto incorporar una remuneración equivalente a 20 Unidades Tributarias para aquellas personas que sean electas jueces de paz e impartan justicia en su comunidad.   La misma nota recoge las siguientes palabras del diputado:

“Los fondos administrativamente  serán otorgados por las alcaldías de cada región,  pero no dependerán o rendirán cuentas a los alcaldes, porque los jueces de paz son autónomos”.

Por lo tanto si bajo el esquema “ad honorem” el sistema de Justicia de Paz no logró tener presencia en todo el país, condicionar su actuación a unos recursos financieros provenientes del Municipio, con la realidad financiera que estas entidades locales presentan en la realidad práctica, no cabe la menor duda que no hay buenos augurios hacia el desarrollo de este sistema en el país.

Pretender que cada comunidad va a contar con un juez de paz, pasa por analizar si presupuestariamente se podrá contar con recursos para lograr la cantidad de jueces de paz que se requieren por comunidad.   La propuesta para la segunda discusión, advierte que se desarrollaron artículos que promueven el fortalecimiento de la justicia de paz comunal, por lo tanto si aquella se plantea “ad honorem” y la justicia de paz se reforma, condicionando ésta a la capacidad financiera del municipio, resulta claro que abrirían las puertas a un nuevo sistema de justicia de paz, con el apellido comunal, y que respondería al diseño del Estado Comunal.

Es lamentable que todo este tema sea un debate silencioso y de pocas personas, que se complica aún más cuando la batalla electoral cubre todos los espacios de la sociedad; por lo tanto, se hace imposible generar un mensaje de alerta para que los ciudadanos asuman la defensa de la Justicia de Paz como hasta ahora ha sido conocida.

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